DICTAMEN PERICIAL EN ACCIONES DE GRUPO. INDEMNIZACION. Ejemplo de ello lo constituye la Sentencia en
Acción de Grupo del 13 de mayo de 2004
de la Sección Tercera del Consejo de Estado[1], por la
cual se declaró la responsabilidad patrimonial de ECOPETROL, a causa del derrame de crudo en la estación La Guayacana del
Municipio de Tumaco, ocurrido el 18 de febrero de 2000, como consecuencia de la
apertura de una válvula de seguridad de bombeo del oleoducto Transandino, en
favor de los habitantes de las riberas del río Rosario y sus afluentes. Frente
a la estimación del daño, la providencia señaló lo siguiente:
“2. Se solicita, además, la
reparación de los perjuicios materiales que fueron valorados en $90.000.000.0000,
que corresponden a $1.000.000 mensuales para cada uno de los pescadores
afectados con el daño, por el término de 15 años que se calcula durarán los
efectos de la contaminación y $7.000.000.000 por cada hectárea contaminada.
Considera la Sala que no existen
pruebas que demuestren la afectación de los terrenos sobre los cuales los
demandantes ostentan su propiedad o posesión y, por lo tanto, no se condenará
por este aspecto.
En efecto, de acuerdo con el
diagnóstico preliminar de los daños ocasionados por el derramamiento de crudo,
realizado por CORPONARIÑO, la franja de ribera afectada oscila entre 2.5 y 3 metros , que corresponde
a la zona de ronda del río, de conformidad con lo establecido en el artículo 83
del decreto 2811 de diciembre 8 de 1974, “por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”,
el cual establece que “salvo los derechos adquiridos por particulares, son
bienes inalienables e imprescriptibles del Estado:...d) Una faja paralela a la
línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de
treinta metros de ancho”, sobre la cual sólo puede realizarse actividad
forestal.
No obstante, no se acreditó que
los demandantes tuvieran cultivos de coco sobre la zona afectada, Más aún, en
el mismo diagnóstico, que no fue desvirtuado en el proceso, se aseguró que “por
la retención oportuna de la mancha de crudo y la reducción de la contaminación
en el río, es poco probable que [ésta] llegue a tener algún efecto sobre este
cultivo”.
Además, aunque en dicho
diagnóstico se señaló que la cría de animales domésticos y la ganadería de
subsistencia en las riberas y zonas aledañas al río Rosario sí pudo sufrir
impacto negativo, no se acreditó en el expediente que los demandantes hubieran
sufrido ese tipo de perjuicios, pues no demostraron ser propietarios de tales
bienes y mucho menos, la medida en la cual resultaron afectados.
En cuanto a la actividad
pesquera, es indudable que el daño sí se produjo. Así consta en los diagnósticos
presentados por CORPONARIÑO y el Ministerio del Medio Ambiente, que fueron
relacionados en las pruebas, los cuales se fundamentaron en las investigaciones
previas sobre las características y los recursos biológicos encontrados en el
área, así como los realizados con el fin de establecer el impacto de los
derramamientos de crudo en ríos y, especialmente, en las observaciones directas
realizadas a la zona por ambas entidades. (Véase Sentencia T-274/12 de la Corte Constitucional).
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